Fiscalía halla indicios de delitos contra la salud por fuga en relleno de Alpacoma


El Ministerio Público detectó dos indicios de delitos contra la salud pública, tras el colapso de un estanque que almacenaba líquidos lixiviados en el relleno sanitario de Alpacoma, dijo ayer el fiscal Luis Atanasio.

La fuga de 3.500 metros cúbicos (m3) de lixiviados del estanque 9 se produjo la noche del lunes 29 de julio. Al día siguiente, el fiscal departamental, William Alave, anunció que una comisión fue desplazada al lugar del siniestro para iniciar una investigación.

“Los delitos contra la salud pública son amplios. Son 11 acciones diferentes que tienen distinta connotación (...).  Nosotros, a priori, hemos identificado dos acciones, en concreto la 11 y la 9”, dijo Atanasio a La Razón.

El fiscal es el mismo que investigó el deslizamiento del 15 de enero en Alpacoma e imputó al alcalde de La Paz, Luis Revilla, por incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública.

El numeral 9 del artículo 216 del Código Penal, dispone que comete delitos contra la salud pública quien “realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”. Mientras el numeral 11 hace referencia a quien “vertiere lixiviados generados en sitios de disposición final, en cuerpos o cursos de agua (...) afectando la salud humana o la seguridad alimentaria, y no haya implementado medidas correctivas y de reparación”, dice la norma.

Atanasio informó que “existen 17 personas identificadas que, aparentemente, han sufrido cefaleas” y que la Fiscalía tiene informes que dan cuenta que el líquido tóxico habría llegado hasta la quebrada Alpaco. 

El lunes, un desajuste del terreno, según la Alcaldía de La Paz —un deslizamiento para el Ministerio de Medio Ambiente y Agua — afectó el estanque 9. Según el director del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), Rubén Ledezma, los 3.500 m3 de lixiviados se desparramaron sobre una masa de 300.000 m3 de tierra. Atanasio también observó que las tres piscinas estén operando en un área que se encuentra fuera del relleno de Alpacoma.

“Esas piscinas se construyeron en terrenos que Tersa adquirió de manera particular. Para hacer estas piscinas no se cuenta ni con diseño ni estructuras. Solo hicieron la excavación de un lugar y comenzaron a utilizar como piscina de lixiviados”.  

Dependiendo del resultados de las investigaciones, “el que se vaya a abrir o no otra investigación compete a otras instancias del Ministerio Público. Ellas valorarán si se requiere una nueva investigación o caso contrario se acumule a lo que ya hay”.

También ayer, el Director del Siremu dio su informe oral al Concejo sobre el siniestro, que duró menos de 15 minutos. Antes de votar por la suficiencia o insuficiencia, el pleno declaró este acto de fiscalización en cuarto intermedio por cinco días.

Informe. A las 10.30, Ledezma tomó su lugar frente a la testera de la directiva del Concejo para responder a un cuestionario de 11 preguntas. A las 10.36 comenzó a ofrecer su informe. De la sesión participaron los concejales Andrea Cornejo, Pedro Susz, Beatriz Álvarez, Kathya Salazar, Cecilia Chacón, Isaac Fernández e Isabel Colque, de Soberanía y Libertad (Sol.bo). También, Jorge Silva, Mario Condori y Betty Gutiérrez por el MAS. Mavel Machicado estuvo ausente.

El funcionario dio cuenta de que Tersa S. A., operadora del vertedero, presentó su plan de contingencia sobre el último evento al finalizar el miércoles 31 de julio, el cual está en revisión. Ledezma aclaró que los trabajos que Tersa S. A. hizo en predios de su propiedad en Alpacoma se desarrollaron en el marco del Plan de Contingencia que se elaboró tras el deslizamiento de la Macrocelda 4, el 15 de enero.

Consultado sobre si los estanques 7, 8 y 9 cuentan con licencia ambiental y si fueron autorizadas por el Siremu, respondió que se instruyó a la operadora que adecúe y regularice su manifiesto ambiental ante la autoridad competente; es decir, la Secretaría Departamental de la Madre Tierra. La Gobernación instruyó que termine el trámite hasta el 9 de agosto. 

El director de la reguladora no precisó por qué no se desarrollaron las acciones previstas en el Plan de Contingencia en el vertedero, ni cuál es la extensión del predio adquirido por Tersa S. A.

Al llegar a este punto, Cornejo, presidenta del Legislativo edil, tomó la palabra, y apoyó los alegatos del funcionario.  “A la par no se tenía que tener una licencia previa, sino para eso está el manifiesto ambiental, para la regularización de las operaciones en curso”, argumentó.

Los resultados de laboratorio de las muestras que tomó personal edil a los cursos de agua estarán listos en 10 días; la revisión del plan de contingencia presentado por Tersa S. A. el miércoles se hará en 24 horas y el informe edil sobre lo sucedido, en 48 horas.

A la autoridad se le consultó a cuánto ascendía el monto de la multa impuesta a la empresa y detalles de la acción penal que se le inició hace unos días. Sobre el primer punto, Ledezma informó que la sanción asciende “a más de” Bs 60.000. La suma  fue cuestionada por Chacón, pues en su criterio es contradictoria. “Una multa de Bs 60.000 por derramar 2 millones de litros de lixiviados es preocupante. Además es contradictoria con una denuncia en materia penal que implica un delito, que con seguridad tiene agravantes”.

Respecto a las acciones judiciales, el Director del Siremu dijo que es la Dirección Jurídica la encargada de dar una respuesta. Ledezma también abordó el  tratamiento del líquido tóxico, que por ahora está suspendido por los daños que sufrió la planta en enero. Afirmó que se construirán aljibes, que son depósitos subterráneos para almacenarlos temporalmente, y otros estanques, y ratificó que la próxima semana se pondrá en marcha la planta reconstruida, con lo que se garantiza su tratamiento.

Tras escuchar las respuestas al pliego, el pleno declaró un cuarto intermedio para sumar consultas a la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la Secretaría Municipal de Gestión Ambiental.

Susz aclaró que, antes de la declaratoria de suficiencia o insuficiencia del informe, se tienen cinco días para completar y/o subsanar la información. Silva cuestionó la falta de documentación y sostuvo que hay contradicciones e inconsistencias en el reporte ofrecido por la autoridad de la reguladora edil.

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