En lo que va del año, Salud registró 1007 embarazos en niñas menores de 14 años


En lo que va del año, 1007 niñas menores  de 14 años de edad, estuvieron embarazadas y llegaron a un centro médico para realizarse su primer control prenatal. Otras 30 fueron atendidas por hemorragias que terminaron en abortos y seis se presentaron a los nosocomios con una    preeclamsia severa. Por la edad, estas gestaciones son consideradas como el  resultado de   violencia sexual.

 “Debemos ser claros, son niñas con embarazos forzados, no se puede  hablar de relaciones sexuales  consentidas o gestaciones  buscadas”, dijo la directora de Católicas por el Derecho a Decidir en Bolivia, Tania Nava.

Los datos fueron obtenidos  del  Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) del Ministerio de Salud. La fecha de consulta fue  del 29 al  31 de julio de 2019.

El presidente del colegio médico de La Paz, Luis Larrea   señaló que la situación es preocupante pues muestra que las niñas son iniciadas en la actividad sexual de forma precoz y que se debe buscar el origen. “Hay una falta de políticas  de prevención de estos casos que muchas veces son producto de la violencia”, manifestó el galeno.

La Convención de Belém do Pará -organismo de la OEA para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer-, de la que Bolivia es parte, determina que todos los embarazos de niñas menores de 14 años deben considerarse producto de violencia sexual. Establece que los Estados tienen la obligación de brindar una atención especializada, investigar las agresiones y asegurar el acceso a la interrupción del embarazo infantil.

“Este último punto no se está cumpliendo, muchas veces por  el desconocimiento de la norma que respalda la interrupción no punible” , añadió Nava.

Cifras incompletas

  Según la base de datos del SNIS de enero a julio los centros médicos realizaron 1007 controles prenatales a niñas gestantes menores de 14 años. De ellos   706 fueron realizados antes del quinto mes de embarazo, mientras que  301 fueron hechos después.     Unas 391 pequeñas cumplieron con  cuatro de esas revisiones.  

Aunque el grupo etáreo señala “menores de 15”, la base de datos solo  toma en cuenta   a las pequeñas menores de 14 años  sin precisar la edad mínima. Los casos donde la gestante tiene de 15 a 19 años  entran en el rango de embarazos adolescentes.

Asimismo, 30 niñas de 10 a 14 años fueron atendidas en diferentes nosocomios del país por  hemorragias  que terminaron en abortos. Todas se encontraban en  la primera mitad del embarazo.  Seis niñas llegaron a los centros médicos con un cuadro de  preeclamsia severa. Una fue registrada en la categoría  “gestantes y puérperas con sepsis” 

Desde el punto de vista médico, el presidente de la Sociedad Boliviana de Obstetricia y Ginecología, Raúl Verástegui señaló que todo embarazo en  niñas está catalogado como de alto riesgo por las múltiples complicaciones que pueden presentar. 

Para Nava si bien estos datos  reflejan los casos reportados por el sistema de salud, son solo un porcentaje de la realidad. “Hay un subregistro del área rural donde el embarazo infantil forzado está naturalizado. Lo mismo pasa en las áreas periurbanas donde las niñas no van a los  centros médicos porque son llevadas al  circuito clandestino para ocultar la  culpa, la vergüenza, la violación  y el embarazo”, manifestó.

Al ser un sistema de información en salud,  la base de datos no detalla  si estos casos -como manda la norma- fueron denunciados a las autoridades. No se sabe si fueron  investigados como hechos de violencia sexual.

“Cuando un médico atiende uno de estos casos, al ser menor de edad pedimos la presencia de los padres para determinar el origen. Si hay que denunciar se procede”, dijo Larrea. 

Dos demandas legales y la objeción de conciencia

El 18 de julio, la Defensoría del Pueblo presentó dos denuncias penales ante el Ministerio Público contra funcionarios de los municipios  de Tiquipaya y Monteagudo por la vulneración de derechos de dos niñas de 12 años. Las víctimas  quedaron en cinta a raíz  de  vejaciones sexuales y fueron impedidas de someterse a una interrupción legal del embarazo.

En el caso de Tiquipaya la denuncia es por incumplimiento de deberes y de la Sentencia Constitucional 206/2014. En esta localidad el 18 de marzo, una niña de 12 años llegó a un centro de  salud de Chapicirca donde la médico que la atendió detectó la gestación. 

Si bien dio a conocer el hecho a la Defensoría de la Niñez   no hizo nada para garantizar el derecho de la niñez y la adolescencia de acceder a un aborto no  punible en casos de violación. 

El 21 de marzo, la niña llegó con su madre a la Defensoría con una ecografía que daba evidenciaba  que el feto ya tenía 22 semanas y un día. La institución solo dio ayuda psicológica.  La víctima llegó hasta las 22,6 semanas de embarazo sin que nadie vele por su interés superior.

En Monteagudo el caso es similar. En una visita comunal el personal médico   identificó a una niña de 12 años en cinta por un vejamen sexual. Si bien se dio la alerta a la Defensoría de la Niñez, ésta en 40 días no realizó ninguna acción  de resguardo de la integridad de la menor de edad. La institución argumentó que la madre y la niña no prestaron cooperación. 

En ambos casos las pequeñas fueron obligadas a dar a luz.  

“Los  Comités Internacionales de Derechos Humanos  han señalado que ser permisibles a que una niña  víctima de violación continúe un embarazo es equiparable a un trato cruel e inhumano que no puede ser tolerado. No es natural que las niñas y las adolescentes sean madres”, dijo Cruz.

Indicó que durante el 2018, según el SNIS, hubo 2.921 casos de embarazos de niñas y adolescentes. Pero solo se  practicó la interrupción en 223. 

“Un embarazo de niñas y adolescentes ya se  constituye en un delito y corresponde un aborto legal. No se sabe  por qué  no se realizaron”, manifestó.  

Anunció que la Defensoría del Pueblo prepara una intervención  para ver el grado de cumplimiento de la sentencia  constitucional 206/2014 en los centros de salud. La medida abarcará  a todo el país.

Para Tania Nava de Católicas por el Derecho a Decidir, el incumplimiento se debe al desconocimiento de la normativa para la interrupción  legal del embarazo. Consultada sobre si la objeción de conciencia  es un obstáculo señaló que no debería serlo porque es a título personal y no institucional. 

“La objeción de conciencia es un derecho que tiene un prestador de salud  para  incumplir con una norma general que en este caso sería la Sentencia Constitucional para la interrupción legal del embarazo. No es algo que se presenta ante un caso específico, sino que se debe hacer  cuando el médico  ingrese a cumplir funciones en el sistema de salud”, manifestó. 

Explicó que en caso de  que en un centro todos los médicos se declaren objetores es   la máxima autoridad de la institución la que debe garantizar el cumplimiento de la norma. “Si no es así la ley ampara a las mujeres   para seguir un proceso por incumplimiento de deberes”, dijo.

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